Las invisibles

Ellas son las invisibles, ellas, porque el 96% de las personas que se dedican laboralmente a las tareas del hogar y los cuidados son mujeres. No es solamente una percepción generalizada, son los datos que maneja la Plataforma por un empleo de hogar y cuidados con plenos derechos. En la mayoría de los hogares son imprescindibles, la declaración del estado de alarma por emergencia sanitaria las convirtió en “esenciales para mantener el bienestar de las personas mayores o en situación de dependencia en sus domicilios”, pero sus circunstancias se agravaron y literalmente las hundió, aún más si cabe, en el lado más oscuro del mercado laboral.

Hoy 30 de marzo es el día internacional de las Trabajadoras del hogar, un día declarado en 1988 en el trascurso del congreso que tuvo lugar en Bogotá, Colombia y que suele pasar desapercibido en un mes repleto de eventos en torno a la mujer. Sus delantales colgados en los balcones mientras las mujeres se manifiestan en el 8M de los últimos años, son un gran paso pero siguen siendo una expresión de cómo se vulneran sus derechos.

Las tareas pendientes

En 2011, la Organización Internacional del trabajo (OIT) les abrió una pequeña ventana con la aprobación del Convenio 189 sobre trabajo decente de las trabajadoras y trabajadores domésticos. En su artículo 6 detalla algo tan esencial como que el país que lo ratifique deberá adoptar medidas para que, “como los demás trabajadores en general, disfruten de condiciones de empleo equitativas y condiciones de trabajo decente, así como, si residen en el hogar para el que trabajan, de condiciones de vida decentes que respeten su privacidad”.

Son más de medio millón de personas según la EPA. 381.082 de alta en la Seguridad Social . Mujeres españolas o migrantes que tienen miedo a reconocerlo, no lo sabemos.

A día de hoy, España está en la deshonorosa lista de los países que no lo han ratificado, una tarea pendiente que ya reconocía la propia ministra responsable de la cartera de Trabajo, Yolanda Díaz, con motivo del 1º de mayo.

La mirada hacia otro lado de los diferentes gobiernos que han sorteado esta ratificación desde 2011 que la OIT aprobara este convenio, no evita el problema, no lo borra.

Son más de medio millón de personas (563.100) que en España trabajan en estas labores según la Encuesta de Población Activa (EPA). Dadas de alta en la Seguridad Social son 381.082. Mujeres españolas que tienen miedo a reconocerlo en ninguna estadística y migrantes que han debido dejar atrás su vida, su hogar, su familia (mayores o menores a su cargo) para atender a familias españolas, no lo sabemos. No están inscritas en ningún listado y en la mayoría de las ocasiones ni las vemos, aún menos desde que se declarase el estado de alarma y se vieran obligadas por las familias empleadoras a permanecer encerradas en situaciones de casi esclavitud. No son películas de terror, son testimonios reales.

Cuando dejan de ser personas

Depende de la buena voluntad de la familia, de la ética y la moral, del respecto por los derechos humanos que tengan unas condiciones mejores o peores en el empleo como internas al que se ven obligadas tras entrar en España; tras salir de su país con la única esperanza de enviar dinero a su casa y que puedan comer.

Se encuentran en una extrema vulnerabilidad, por ser mujeres, por ser migrantes, por carecer de redes familiares cercanas, por ser pobres, por desconocer la cultura del país, las costumbres, a veces hasta el idioma. En el mejor de los casos encuentran un empleo en una familia que les asigna horarios y salarios más o menos decentes pero en otros muchos llegan atraídas por falsas esperanzas, incluso mafias que las condenan a la explotación.

Desde que pisan el país, deben permanecer como mínimo tres años en la sombra y trabajando en la economía sumergida, sin ningún control, internas para asegurarse un techo y comida y expuestas a todo tipo de abusos: “Cuando llegas a España dejas de ser una persona con derechos y te conviertes en inmigrante”

Su condena es estar lejos de su familia, de la tierra que les vio nacer y dar todo esos abrazos y besos a otras niñas y niños

La sociedad que las recibe las anula como personas y al tiempo ellas mismas naturalizan su pobreza, se miran a un espejo y solo ven su condición de inferioridad, en su pensamiento se incrusta que algunas familias son de primera y otras, como la suya, están en el último puesto de la fila. Lo que les sobra a las primeras, lo que ya no necesitan, aquellas pertenencias de las que se aburren, es lo único que les corresponde como regalo.

Su condena es estar lejos de sus hijas e hijos, de las personas a las que más quieren, de la tierra que les vio nacer y dar todo ese cariño, esos besos y abrazos a otras niñas y niños. Y luego, sentirse culpables, culpables por haber dejado a su madre enferma, culpable porque su hermana está atendiendo como puede a su bebé de 6 meses, culpable porque el dinero que manda mensualmente no les llega para comer todas las semanas. A ellas nadie las cuida, nadie vela por sus necesidades ni físicas ni emocionales. Autocuidado para ellas es ciencia ficción.

Algunas cotizan pero tampoco se libran de la injusticia

Al comienzo de año, el Ministerio de Trabajo se dirigió a quienes tenían a una empleada del hogar de alta para informarles del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente (950 euros al mes en 14 pagas o 1.108,33 euros si se prorratean las extras) y de las cotizaciones. A partir de este 1 de abril la Seguridad Social ya ha anunciado que revisará estas actualizaciones y a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social iniciará inspecciones en los hogares que no hayan regularizado los salarios que pueden conllevar sanciones.

Para poner al día las retribuciones hay que comunicarlo a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Otra tarea pendiente del Gobierno de España y que en diciembre de 2020 nuevamente fue atrasada hasta 2023, es la equiparación entre el Sistema Especial de Empleados de Hogar y el Régimen General de la Seguridad Social, una medida que se ha ido aplazando sucesivamente desde el año 2019 y que permitiría que las empleadas de hogar cotizaran por los ingresos reales y tuvieran acceso a más prestaciones de la Seguridad Social, entre ellas, la protección por desempleo.

A finales del pasado año, se anunció la creación del primer sindicato nacional para el colectivo de empleadas SINTRAHOCU (Sindicato de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados)con el objetivo de aunar reivindicaiones en su lucha común por un trabajo digno. Como anunciaron en ese momento en su cuenta de Twitter “para exigir y defender la equiparación de derechos laborales y poner los cuidados en el centro. Nos sobran razones”.

Y efectivamente, sobran razones para alertar, tomar conciencia como país receptor de su situación y adoptar las medidas legales que sean necesarias de manera urgente para que pongan coto a contratos abusivos, acuerdos no escritos y condiciones que rayan la esclavitud en nuestro siglo XXI. Dejar en manos de la buena o mala voluntad de quienes solicitan los servicios de estas mujeres que tengan condiciones dignas es algo que nos debe dar auténtico miedo, más que una película de terror, porque estas son vidas reales.

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